SALA DE JUICIO
ANÁLISIS SEMANAL DE LITIGIO FISCAL Y ADMINISTRATIVO
BOLETÍN No. 012
IMSS | BUZÓN IMSS: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, EMA, EBA Y LOS RIESGOS PARA LA DEFENSA PATRONAL
La incorporación de las propuestas de cuotas obrero-patronales al Buzón IMSS, la naturaleza jurídica de los documentos electrónicos, las formalidades de notificación y las consecuencias procesales para el cumplimiento de obligaciones y la defensa de los patrones.
I. P R O P Ó S I T O D E L B O L E T Í N
La digitalización de los procedimientos administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social continúa modificando la forma en que los patrones reciben información, consultan sus obligaciones y conocen las actuaciones de la autoridad. Sin embargo, la utilización de una plataforma electrónica no significa que todos los documentos disponibles en ella tengan idéntica naturaleza jurídica ni que su simple incorporación al sistema produzca automáticamente efectos de notificación.
El 8 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR, mediante el cual el Consejo Técnico del IMSS aprobó que las propuestas de cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, correspondientes a la Emisión Mensual Anticipada (EMA) y la Emisión Bimestral Anticipada (EBA), puedan incorporarse al apartado «Mis Documentos» del Buzón IMSS para consulta de las personas empleadoras.
La medida constituye una simplificación administrativa que facilita el acceso a información utilizada para determinar y pagar obligaciones de seguridad social. No obstante, también se vuelve necesario distinguir entre documentos informativos, propuestas de cálculo, determinaciones formuladas por el propio patrón y resoluciones administrativas mediante las cuales el Instituto determina créditos fiscales.
La diferencia resulta fundamental porque la recepción de una propuesta de pago no equivale necesariamente a la notificación de una resolución definitiva, mientras que una cédula de liquidación válidamente notificada puede producir consecuencias jurídicas inmediatas y activar los plazos para ejercer los medios de defensa correspondientes.
La cuestión central es la siguiente:
¿La puesta a disposición de un documento en el Buzón IMSS equivale necesariamente a una notificación legalmente practicada y determina, por sí misma, el inicio de los plazos para pagar, aclarar o impugnar una actuación del Instituto?
La respuesta exige analizar la naturaleza del documento, las disposiciones que regulan su emisión, el procedimiento utilizado para comunicarlo y las constancias electrónicas que acreditan cuándo se realizó la notificación.
La digitalización administrativa modifica los medios de comunicación entre autoridad y particulares, pero no elimina las formalidades constitucionales y legales necesarias para que sus actuaciones produzcan consecuencias jurídicas válidas.
II. EL ACUERDO DEL 8 DE OCTUBRE DE 2026: QUÉ CAMBIÓ Y QUÉ PERMANECE IGUAL
El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR fue aprobado por el Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre y entró en vigor el 9 de octubre de 2026.
Su objeto consiste en aprobar la simplificación administrativa para que los formatos EMI-1 y EMI-2, correspondientes a las propuestas de cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones elaboradas por el Instituto, se incorporen al Buzón IMSS mediante el apartado «Mis Documentos».
El acuerdo también instruye a las áreas competentes del Instituto para atender dudas relacionadas con su aplicación y realizar las adecuaciones tecnológicas necesarias para instrumentarlo.
Esta última precisión es importante: la entrada en vigor del acuerdo no debe confundirse con la disponibilidad material e inmediata de todos los formatos para la totalidad de los patrones.
El instrumento no establece una fecha específica a partir de la cual cada empleador podrá consultar necesariamente sus propuestas en el nuevo apartado.
Tampoco modifica el contenido de los artículos 39 y 39 A de la Ley del Seguro Social ni sustituye las obligaciones legales de determinar y enterar oportunamente las cuotas correspondientes.
Por tanto, la principal consecuencia del acuerdo consiste en ampliar el mecanismo electrónico de consulta y entrega de propuestas, sin transformar su naturaleza jurídica.
La EMA y la EBA continúan siendo propuestas de determinación elaboradas por el Instituto; no se convierten en cédulas de liquidación por el hecho de encontrarse disponibles en el Buzón IMSS.
III. M A R C O J U R Í D I C O D E L B U Z Ó N I M S S
El Buzón IMSS encuentra sustento principalmente en los artículos 286 L y 286 M de la Ley del Seguro Social, que regulan las actuaciones electrónicas de los particulares y las comunicaciones que el Instituto puede realizar mediante dicho sistema.
El artículo 286 L permite presentar promociones y solicitudes relacionadas con el ejercicio de las facultades del Instituto mediante documentos digitales, conforme a las condiciones legalmente establecidas, y reconoce los efectos jurídicos y probatorios de las actuaciones realizadas por esos medios.
Por su parte, el artículo 286 M faculta al Instituto para realizar notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y otras comunicaciones administrativas mediante el Buzón IMSS, además de imponer a los particulares las obligaciones correspondientes respecto del registro y actualización de sus medios de contacto.
La regulación se complementa con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación que resultan aplicables, particularmente su artículo 134, fracciones I y III, relativo a las notificaciones electrónicas y por estrados.
Asimismo, deben considerarse los artículos 9 y 271 de la Ley del Seguro Social, que permiten determinar el alcance de la aplicación supletoria de las disposiciones fiscales.
El marco operativo se desarrolla mediante los Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón IMSS, aprobados por el Consejo Técnico y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2024.
En conjunto, estas disposiciones establecen las condiciones para habilitar el sistema, registrar medios de contacto, practicar notificaciones electrónicas y conservar las constancias relacionadas con las actuaciones administrativas.
No obstante, la existencia de una plataforma legalmente autorizada no significa que cualquier archivo incorporado a ella constituya automáticamente un acto administrativo definitivo.
La naturaleza jurídica del documento depende de su contenido, de las facultades ejercidas por la autoridad y de las disposiciones legales que regulan sus efectos.
IV. CÓMO OPERA UNA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL BUZÓN IMSS
El procedimiento de notificación electrónica contempla una secuencia de actuaciones que debe distinguirse de la simple consulta de documentos disponibles en la plataforma.
En términos generales, el Instituto envía previamente un aviso de notificación a los medios de contacto registrados y validados por el particular.
A partir del día hábil siguiente al envío del aviso, el destinatario cuenta con tres días hábiles para ingresar al apartado correspondiente del Buzón IMSS y abrir el documento digital pendiente de notificación.
Cuando el particular abre el documento dentro del plazo legal, el sistema genera la constancia electrónica correspondiente.
Si no lo abre, la notificación se tiene por realizada al cuarto día hábil, contado a partir del día hábil siguiente al envío del aviso, conforme a las reglas aplicables.
Este mecanismo impide que la eficacia de una notificación dependa exclusivamente de la voluntad del destinatario de consultar el documento.
Sin embargo, también exige que la autoridad pueda acreditar que se cumplieron las condiciones necesarias para tenerla por practicada.
Por ello, deben distinguirse cuatro momentos:
Primero. El envío del aviso previo de notificación.
Segundo. La apertura del documento o, en su defecto, el vencimiento del plazo legal para consultarlo.
Tercero. La fecha en que la notificación se tiene jurídicamente por realizada.
Cuarto. El momento en que la notificación surte efectos y comienza el cómputo del plazo aplicable.
La distinción es esencial porque la fecha de práctica de la notificación no necesariamente coincide con la fecha en que surte efectos ni con el primer día del plazo para ejercer un medio de defensa.
El Buzón IMSS permite el acceso al sistema durante las veinticuatro horas del día; no obstante, las notificaciones electrónicas del Instituto se encuentran sujetas a las reglas sobre días y horas hábiles, incluyendo el horario institucional de 9:30 a 18:00 horas de la Zona Centro de México.
En consecuencia, para verificar la oportunidad de una impugnación no basta con identificar la fecha en que apareció el documento en la plataforma.
Es necesario reconstruir la secuencia completa de la notificación y aplicar las disposiciones que regulan su eficacia jurídica.
V. EMA Y EBA: PROPUESTAS DE DETERMINACIÓN, NO CRÉDITOS FISCALES LIQUIDADOS
El artículo 39 A de la Ley del Seguro Social permite al Instituto entregar a los patrones propuestas de cédulas de determinación elaboradas con base en la información de los movimientos afiliatorios registrados.
Estas propuestas tienen una finalidad de apoyo administrativo: facilitar la determinación y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.
La Emisión Mensual Anticipada (EMA) contiene información relacionada con las cuotas correspondientes a los periodos mensuales.
La Emisión Bimestral Anticipada (EBA) comprende información relativa a las obligaciones determinadas por periodos bimestrales, incluyendo los conceptos que correspondan conforme al régimen aplicable.
Ambas propuestas se elaboran a partir de la información que el Instituto tiene registrada sobre trabajadores, salarios y movimientos afiliatorios.
Por esa razón, pueden existir diferencias entre los datos utilizados por el IMSS y los registros internos del patrón.
Esas diferencias pueden relacionarse con altas, bajas, modificaciones salariales, incapacidades, ausencias u otros movimientos que no se encuentren correctamente reflejados.
Sin embargo, no debe presumirse que toda discrepancia proviene necesariamente de una omisión patronal.
También pueden presentarse errores de procesamiento, actualización o registro atribuibles a la operación administrativa del sistema.
El patrón conserva la obligación de revisar la información, determinar correctamente sus cuotas y efectuar los pagos correspondientes dentro de los plazos legales.
La existencia de una propuesta elaborada por el Instituto no desplaza automáticamente la responsabilidad legal del patrón sobre la determinación y entero de sus obligaciones.
VI. CUÁNDO UNA PROPUESTA DEL IMSS SE CONVIERTE EN DETERMINACIÓN DEL PATRÓN
El artículo 39 A de la LSS contempla los efectos jurídicos derivados de utilizar las propuestas de determinación elaboradas por el Instituto.
Cuando el patrón opta por utilizar la propuesta y cumple las condiciones legales correspondientes, esa actuación puede producir los efectos de una determinación formulada por él mismo.
Esta circunstancia tiene consecuencias relevantes.
Una propuesta inicialmente elaborada por el IMSS puede convertirse, mediante su utilización en los términos legales, en el instrumento con el cual el patrón determina y cumple sus obligaciones.
Sin embargo, debe distinguirse entre la propuesta original, los ajustes que el patrón efectúe y la determinación finalmente presentada o pagada.
La diferencia importa porque los errores posteriores no necesariamente pueden atribuirse a una resolución administrativa del Instituto.
En determinados supuestos, la controversia estará relacionada con la corrección de la determinación patronal, mientras que en otros podrá existir una resolución posterior mediante la cual el IMSS determine diferencias, actualizaciones, recargos o sanciones.
Por ello, la revisión de una EMA o EBA no debe limitarse a verificar el importe total.
Es necesario confrontar trabajadores, periodos, salarios, movimientos afiliatorios y demás elementos que integran el cálculo.
La propuesta puede facilitar el cumplimiento, pero no sustituye la obligación de verificar que la determinación corresponda a la situación real del patrón.
VII. LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN: CUANDO EXISTE UNA DETERMINACIÓN DE AUTORIDAD
La cédula de liquidación tiene una naturaleza jurídica diferente.
Mediante ella, el Instituto, en ejercicio de sus facultades como organismo fiscal autónomo, puede determinar en cantidad líquida obligaciones omitidas, diferencias, actualizaciones, recargos, multas u otros conceptos legalmente procedentes.
El artículo 287 de la Ley del Seguro Social reconoce el carácter fiscal de los créditos que el Instituto tiene derecho a percibir conforme a las disposiciones aplicables.
Cuando una cédula de liquidación constituye una resolución definitiva que afecta la esfera jurídica del patrón, puede ser susceptible de impugnación mediante los medios de defensa legalmente previstos.
La notificación adquiere entonces una importancia procesal decisiva.
Si el Instituto comunica válidamente una cédula de liquidación mediante el Buzón IMSS, la falta de apertura del documento no impide necesariamente que la notificación se perfeccione conforme a las reglas aplicables.
En consecuencia, el patrón puede encontrarse frente a una resolución cuyos plazos de defensa comiencen a transcurrir aun cuando materialmente no haya consultado su contenido.
Pero la eficacia de esa notificación presupone que el procedimiento se haya desarrollado conforme a la ley.
La autoridad debe acreditar los elementos necesarios para demostrar que el documento fue comunicado mediante un mecanismo legalmente válido y que la notificación se realizó en la fecha que sostiene.
De esta manera, la cédula de liquidación y su notificación constituyen objetos de análisis diferentes: una puede ser ilegal por defectos en su fundamentación o determinación, mientras que la otra puede presentar irregularidades en el procedimiento utilizado para comunicarla.
VIII. ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA: ALCANCE DEL ARTÍCULO 39 D DE LA LSS
El artículo 39 D de la Ley del Seguro Social contempla un procedimiento de aclaración respecto de determinados supuestos relacionados con cédulas de liquidación emitidas por el Instituto.
Su finalidad consiste en permitir que el patrón plantee errores o diferencias comprendidos en los casos legalmente previstos.
El plazo de presentación es de cinco días hábiles, conforme a las condiciones establecidas por la disposición.
Sin embargo, resulta indispensable distinguir este mecanismo de los medios ordinarios de impugnación.
La aclaración administrativa no constituye, por sí misma, un recurso jurisdiccional ni sustituye necesariamente al recurso de inconformidad o al juicio contencioso administrativo.
Tampoco debe presumirse que su presentación suspende automáticamente el procedimiento administrativo de ejecución o modifica los plazos para ejercer otros medios de defensa.
La procedencia y los efectos de la aclaración deben analizarse a partir de la naturaleza del error, el contenido de la cédula y las disposiciones aplicables.
Esta distinción tiene consecuencias prácticas importantes.
Un patrón que recibe una cédula de liquidación no debería asumir que dispone de cinco días para cuestionar cualquier aspecto de la resolución ni que la presentación de una aclaración mantiene indefinidamente abierta la posibilidad de impugnarla.
La aclaración administrativa cumple una función específica y no debe confundirse con la defensa jurisdiccional frente a una resolución definitiva.
IX. RECURSO DE INCONFORMIDAD Y JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El artículo 294 de la Ley del Seguro Social establece que los patrones y demás sujetos obligados que consideren impugnable un acto definitivo del Instituto pueden interponer el recurso de inconformidad o proceder conforme a la vía jurisdiccional correspondiente.
El recurso de inconformidad se regula mediante su reglamento y, como regla general, debe promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto impugnado.
Por otra parte, el artículo 295 de la LSS distingue las controversias sobre prestaciones de seguridad social de aquellas que se suscitan entre el Instituto y los patrones o sujetos obligados.
Estas últimas pueden corresponder al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a las reglas de competencia y procedencia aplicables.
El artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, como regla general, un plazo de treinta días para presentar la demanda, contado conforme a los supuestos y disposiciones legales correspondientes.
Sin embargo, la existencia de estos plazos no significa que el patrón pueda utilizarlos indistintamente o que la elección de una vía carezca de consecuencias procesales.
Es necesario examinar si se promovió previamente un recurso administrativo, si existe una resolución recaída a éste, cuál es el acto definitivo que se pretende impugnar y qué disposiciones regulan el cómputo del plazo.
También debe verificarse si resulta procedente la vía sumaria u otra modalidad procesal prevista por la legislación vigente.
Por ello, frente a una cédula de liquidación notificada electrónicamente, la primera decisión jurídica no consiste únicamente en contar días.
Consiste en identificar correctamente el acto impugnable, determinar cuándo surtió efectos su notificación y seleccionar oportunamente el medio de defensa que corresponda.
La diferencia entre los plazos de aclaración, recurso de inconformidad y juicio contencioso administrativo exige una estrategia procesal definida desde el momento en que se conoce la resolución.
X. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS: UNA FACULTAD SUJETA A CONDICIONES LEGALES
El artículo 286 M de la Ley del Seguro Social contempla que, cuando los particulares no habiliten el Buzón IMSS, proporcione datos erróneos o incumplan las obligaciones relativas al registro y actualización de sus medios de contacto, el Instituto pueda efectuar notificaciones conforme al artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
Esta disposición adquiere relevancia porque la notificación por estrados puede producir efectos jurídicos aun cuando el destinatario no tenga conocimiento material inmediato del acto.
Sin embargo, su utilización no debe entenderse como una facultad discrecional que pueda ejercerse sin acreditar los presupuestos previstos por la ley.
La autoridad debe justificar la actualización del supuesto normativo que permite acudir a ese mecanismo.
Si el Instituto sostiene que el patrón no habilitó el Buzón, registró datos incorrectos o incumplió sus obligaciones de actualización, esas circunstancias deberán encontrarse respaldadas por las constancias correspondientes.
Asimismo, será necesario verificar que se hayan observado las formalidades propias de la notificación por estrados.
La existencia de un sistema electrónico no elimina las exigencias de fundamentación y motivación que deben observarse cuando la autoridad utiliza un mecanismo de notificación diferente.
Por ello, en los procedimientos de defensa patronal, la revisión de la notificación debe comprender tanto la modalidad utilizada como los hechos que justificaron su elección.
XI. IRREGULARIDADES QUE DEBEN EXAMINARSE EN UNA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
La validez de una notificación realizada mediante el Buzón IMSS no debe presumirse exclusivamente porque el Instituto exhiba una impresión o constancia electrónica.
La revisión jurídica requiere reconstruir el procedimiento completo y verificar la correspondencia entre los datos del sistema y las exigencias legales.
En primer término, debe identificarse el documento notificado y comprobar que corresponde efectivamente al acto administrativo cuya eficacia pretende sostener la autoridad.
También debe examinarse si el documento contiene los elementos de identificación, fundamentación, motivación y firma electrónica exigibles, así como la competencia de la persona servidora pública que lo emitió.
En segundo lugar, deben revisarse los medios de contacto registrados, su validación y las constancias relacionadas con el envío del aviso previo.
En tercer término, corresponde verificar el momento de apertura del documento o, cuando ésta no se produjo, el cómputo de los tres días hábiles y la fecha en que se tuvo por practicada la notificación.
Finalmente, debe determinarse cuándo surtió efectos la notificación y a partir de qué momento comenzó el plazo legal correspondiente.
Estas circunstancias adquieren especial importancia cuando existen días inhábiles, diferencias de horario, errores en los medios de contacto o inconsistencias entre las fechas registradas por el sistema.
El análisis probatorio también debe considerar la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos, las constancias generadas por la plataforma y la posibilidad de relacionarlas con el acto administrativo concreto.
La existencia de una constancia electrónica es relevante, pero su eficacia probatoria debe examinarse en relación con los hechos que pretende acreditar y con el procedimiento legalmente exigido.
XII. L O S R I E S G O S P A R A L A D E F E N S A P A T R O N A L
La utilización del Buzón IMSS genera nuevas exigencias de organización y seguimiento para las empresas.
La primera consiste en mantener actualizados los medios de contacto y verificar regularmente las comunicaciones recibidas.
La segunda radica en distinguir los apartados del sistema y la naturaleza de los documentos disponibles.
Una propuesta de determinación incorporada a «Mis Documentos» no debe recibir automáticamente el mismo tratamiento que una resolución administrativa pendiente de notificación en «Mis Notificaciones».
La tercera exige establecer procedimientos internos para identificar oportunamente los actos que pueden generar obligaciones, requerimientos o plazos de defensa.
La cuarta se relaciona con la conservación de evidencia electrónica.
Los acuses, avisos, constancias de notificación, documentos descargados y registros de consulta pueden convertirse en elementos probatorios relevantes dentro de una aclaración administrativa, un recurso de inconformidad o un juicio contencioso administrativo.
La quinta consiste en evitar que la gestión del Buzón quede exclusivamente en manos de una persona sin mecanismos de supervisión o sustitución.
En empresas con diversos registros patronales, múltiples centros de trabajo o áreas administrativas separadas, la falta de coordinación puede provocar que una resolución sea conocida por el personal operativo cuando el plazo para impugnarla ya se encuentra avanzado.
Por ello, el Buzón IMSS debe considerarse una herramienta de cumplimiento y también un componente del sistema interno de prevención de riesgos jurídicos.
XIII. L E C T U R A D E L D E S P A C H O
La incorporación de EMA y EBA al Buzón IMSS constituye una medida de simplificación administrativa que puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Sin embargo, su importancia jurídica radica en que confirma la necesidad de distinguir entre las diferentes funciones que puede desempeñar una plataforma electrónica.
El Buzón IMSS puede servir para consultar información, recibir propuestas, presentar promociones y practicar notificaciones de actos administrativos.
Estas funciones no son equivalentes.
Una propuesta de determinación puede facilitar el cálculo de cuotas sin constituir una resolución que determine un crédito fiscal.
Una comunicación informativa puede orientar al patrón sin generar necesariamente una obligación nueva.
Una cédula de liquidación, en cambio, puede constituir un acto administrativo definitivo susceptible de impugnación, cuya notificación válida produzca consecuencias procesales relevantes.
La diferencia no depende exclusivamente del apartado del sistema en que aparezca el documento.
Depende de su naturaleza jurídica, del contenido del acto y del procedimiento mediante el cual se comunica.
Desde la perspectiva del litigio fiscal y administrativo, el problema principal consiste en evitar que la facilidad tecnológica para transmitir documentos conduzca a confundir la disponibilidad de información con la eficacia jurídica de una notificación.
También debe reconocerse que la notificación electrónica impone obligaciones de diligencia a los particulares.
El patrón no puede asumir que la falta de apertura de un documento impide que la notificación produzca efectos.
Pero esa circunstancia tampoco libera al Instituto de acreditar que observó las formalidades legales necesarias para practicarla.
La relación entre ambas obligaciones debe examinarse a partir de los principios de legalidad, seguridad jurídica y derecho de defensa.
Informar no equivale necesariamente a notificar; proponer una determinación no significa liquidar un crédito fiscal; y disponer de una plataforma electrónica no sustituye el cumplimiento de las formalidades previstas por la ley.
XIV. R E C O M E N D A C I Ó N P R Á C T I C A
Las empresas deben establecer un procedimiento interno de revisión periódica del Buzón IMSS que permita identificar tanto los documentos informativos como las actuaciones administrativas susceptibles de producir consecuencias jurídicas.
Resulta conveniente designar responsables de consulta, mantener actualizados los medios de contacto y conservar una bitácora que permita acreditar las fechas de acceso, descarga y recepción de documentos.
También debe existir coordinación entre las áreas de recursos humanos, nómina, contabilidad, seguridad social y asesoría jurídica, especialmente cuando se reciben cédulas de liquidación, requerimientos o resoluciones que puedan dar lugar a procedimientos de cobro.
En el caso de EMA y EBA, las propuestas deben confrontarse con los registros internos del patrón antes de utilizarlas para determinar y pagar cuotas.
Cuando se reciba una resolución administrativa, debe integrarse un expediente electrónico que contenga el acto, el aviso previo, la constancia de notificación y el cálculo de los plazos aplicables.
La revisión debe realizarse desde el momento en que se conoce la existencia del documento, sin esperar a que transcurran los días disponibles para consultarlo.
Asimismo, conviene respaldar periódicamente los archivos electrónicos y conservar evidencia de cualquier falla técnica o inconsistencia que pudiera afectar la presentación de promociones o el conocimiento oportuno de actuaciones administrativas.
La prevención documental puede resultar determinante cuando posteriormente sea necesario demostrar que una notificación no se practicó conforme a las formalidades legales.
XV. A L E R T A P R O C E S A L
Existen tres errores especialmente relevantes en la utilización del Buzón IMSS.
El primero consiste en considerar que todo documento disponible en la plataforma constituye una notificación legalmente practicada.
El segundo es tratar una propuesta EMA o EBA como si fuera una cédula de liquidación emitida por el Instituto.
El tercero consiste en asumir que todos los medios de defensa tienen el mismo plazo o que una aclaración administrativa permite posponer indefinidamente la decisión de impugnar.
Estas confusiones pueden provocar errores de cumplimiento, impugnaciones improcedentes o la pérdida de oportunidades procesales.
Por ello, antes de determinar una estrategia de defensa debe verificarse la naturaleza del documento, la fecha en que se practicó su notificación, el momento en que surtió efectos y el plazo previsto para el medio de defensa correspondiente.
La digitalización de las notificaciones no modifica la obligación de las autoridades de actuar conforme a la ley, pero exige a los patrones una vigilancia documental y procesal más rigurosa.
R E S U M E N E J E C U T I V O
El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2026, aprobó la incorporación de las propuestas EMA y EBA al apartado «Mis Documentos» del Buzón IMSS.
La medida amplía los mecanismos electrónicos de consulta, pero no transforma las propuestas de determinación en resoluciones administrativas que liquiden créditos fiscales.
El Buzón IMSS permite realizar distintas actuaciones electrónicas, entre ellas la consulta de información, la presentación de promociones y la notificación de actos administrativos.
La eficacia jurídica de cada documento depende de su naturaleza, contenido y procedimiento de comunicación.
Las notificaciones electrónicas se encuentran sujetas a formalidades específicas, incluyendo el envío de un aviso previo, el plazo para abrir el documento y las reglas que determinan cuándo se tiene por practicada la notificación.
En materia de defensa patronal, resulta indispensable distinguir entre la aclaración administrativa prevista por el artículo 39 D de la LSS, el recurso de inconformidad regulado por el artículo 294 y el juicio contencioso administrativo federal.
La elección de la vía y el cómputo de los plazos deben realizarse conforme al acto concreto y a las disposiciones aplicables.
La principal consecuencia jurídica de la digitalización no consiste en eliminar las formalidades de notificación, sino en trasladar buena parte de su comprobación a documentos, acuses y registros electrónicos.
C I E R R E
La incorporación de nuevas herramientas digitales al sistema de seguridad social puede contribuir a simplificar el cumplimiento de obligaciones y reducir cargas administrativas para los patrones.
Sin embargo, la modernización tecnológica debe desarrollarse dentro del marco jurídico que regula las actuaciones de autoridad.
El Buzón IMSS no es únicamente un repositorio de documentos.
También constituye un medio mediante el cual pueden practicarse notificaciones con consecuencias jurídicas relevantes.
Por ello, la diferencia entre una propuesta de determinación y una resolución administrativa definitiva no puede desaparecer por el hecho de que ambas se encuentren disponibles en una misma plataforma.
Tampoco puede confundirse la posibilidad de consultar un archivo con la existencia de una notificación legalmente practicada.
La eficacia de los actos administrativos continúa dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución, la Ley del Seguro Social y las disposiciones fiscales aplicables.
Desde la perspectiva de la defensa patronal, la digitalización exige nuevas medidas de organización, vigilancia y conservación documental.
Pero también mantiene intacta una obligación esencial de la autoridad:
Acreditar que sus actuaciones fueron emitidas y notificadas conforme a las formalidades legales necesarias para producir consecuencias jurídicas válidas.
La tecnología puede transformar los procedimientos administrativos.
Lo que no puede transformar por sí sola es el alcance de los derechos y garantías que la ley reconoce a los particulares.
P R Ó X I M A E N T R E G A
SALA DE JUICIO | BOLETÍN No. 013
SAT | EMBARGO POR BUZÓN TRIBUTARIO: EL ARTÍCULO 151 BIS DEL CFF Y LOS LÍMITES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
Los criterios judiciales publicados el 9 de octubre de 2026, la constitucionalidad del embargo electrónico, la diferencia entre declaratoria y embargo efectivamente practicado, y los medios de defensa frente a los actos de ejecución fiscal.
La utilización de medios electrónicos por las autoridades fiscales ya no se limita a comunicar requerimientos, resoluciones o avisos administrativos. El artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación contempla un procedimiento que permite realizar embargos mediante Buzón Tributario, estrados o edictos, respecto de determinadas categorías de bienes y bajo los presupuestos establecidos por la legislación fiscal.
La aplicación de este mecanismo plantea interrogantes sobre la exigibilidad del crédito, las formalidades del procedimiento administrativo de ejecución y el momento en que las actuaciones de embargo producen una afectación jurídica susceptible de impugnación.
El Boletín 013 examinará los criterios judiciales publicados el 9 de octubre de 2026 sobre la constitucionalidad del artículo 151 Bis del CFF, particularmente en relación con los derechos de audiencia y seguridad jurídica.
Asimismo, se analizará la diferencia entre la declaratoria de embargo comunicada electrónicamente y el embargo efectivamente practicado, distinción que adquiere especial relevancia para determinar la procedencia del recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y, en su caso, el juicio de amparo.
También se abordarán las diferencias entre embargo e inmovilización de depósitos bancarios, los requisitos de exigibilidad de los créditos fiscales y la posibilidad de solicitar medidas de suspensión frente a actuaciones de cobro coactivo.
La pregunta central será:
¿Que el embargo por Buzón Tributario sea constitucionalmente admisible significa que cualquier embargo realizado mediante ese mecanismo es legal y puede ejecutarse sin acreditar los presupuestos y formalidades establecidos por el Código Fiscal de la Federación?
El análisis partirá de una distinción fundamental: la constitucionalidad de una disposición legal no implica la legalidad automática de todos los actos administrativos emitidos con fundamento en ella.
La utilización de medios electrónicos no exime a las autoridades fiscales de acreditar la exigibilidad del crédito, respetar las formalidades del procedimiento y garantizar los medios de defensa previstos por la legislación.
FUENTES Y REFERENCIAS JURÍDICAS
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 14, 16 y 17. Legalidad, seguridad jurídica, fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva.
2. Ley del Seguro Social. Artículos 5, 5 A, 9, 39, 39 A, 39 D, 40, 271, 286 L, 286 M, 287, 294 y 295.
3. Código Fiscal de la Federación. Artículos 17-K, 38 y 134, en las disposiciones aplicables a documentos digitales y notificaciones electrónicas.
4. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Artículo 13 y demás disposiciones relativas a la procedencia y oportunidad del juicio contencioso administrativo federal.
5. Reglamento del Recurso de Inconformidad. Disposiciones sobre procedencia, presentación y oportunidad del recurso.
6. Acuerdo ACDO.AS2.HCT.230724/261.P.DIR. Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón IMSS, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2024.
7. Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2026, relativo a la incorporación de propuestas EMA y EBA al Buzón IMSS.
8. Instituto Mexicano del Seguro Social. Información institucional sobre habilitación, funcionamiento, notificaciones electrónicas y servicios del Buzón IMSS.
NOTA LEGAL
El presente artículo tiene fines informativos y de análisis jurídico general. No constituye asesoría legal para un caso concreto ni sustituye el estudio particular de una situación específica.
La validez de una notificación electrónica, la procedencia de los mecanismos de aclaración y la oportunidad de los medios de defensa dependen de la naturaleza del documento, del acto administrativo correspondiente, de las constancias del sistema y de las disposiciones legales aplicables.
Falcón y Lagunes, S.C.
Sala de Juicio | Análisis semanal de litigio fiscal y administrativo.
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